miércoles, 30 de abril de 2025

Diagnóstico de mejora regulatoria: claves para municipios modernos

La mejora regulatoria consiste en simplificar trámites, eliminar obstáculos innecesarios y asegurar regulaciones de calidad para facilitar la vida de ciudadanos y empresas. En los municipios modernos de México, esta disciplina es crucial para impulsar la actividad económica local y brindar mejores servicios públicos. El contexto nacional reciente refuerza esta agenda: el Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030 plantea “la digitalización más ambiciosa de la historia” y la simplificación de trámites como ejes clave para combatir la corrupción y optimizar el uso de los recursos públicos​. Asimismo, la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) –que incorpora a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER)– trae cambios institucionales orientados a modernizar los procesos administrativos mediante el uso de tecnología​. A continuación, exploramos cómo estas nuevas políticas y estructuras fortalecen o modifican las herramientas de mejora regulatoria en el ámbito municipal.

Claves de la mejora regulatoria municipal

Para avanzar hacia un municipio moderno en términos regulatorios, conviene enfocarse en varios instrumentos básicos establecidos por la Ley General de Mejora Regulatoria (2018):

  • Agenda Regulatoria: Es la lista de las regulaciones que el municipio planea expedir o modificar en un periodo determinado (generalmente se actualiza cada seis meses). Funciona como plan de trabajo normativo, dando previsibilidad y facilitando la participación pública en la elaboración de nuevas reglas. De hecho, las agendas regulatorias son una buena práctica internacional pues evitan “sorpresas” regulatorias y fomentan la transparencia. En México no son discrecionales, sino obligatorias: cada municipio debe publicar periódicamente su agenda regulatoria actualizada, lo que le permite organizar prioridades y coordinar mejor la creación de nuevas normas.
  • Análisis de Impacto Regulatorio (AIR): Antes de emitir una nueva regulación municipal importante, se debe evaluar su posible impacto mediante un AIR. Este análisis pondera los beneficios y costos de la propuesta regulatoria para asegurar que realmente resuelva el problema público a tratar sin imponer cargas indebidas. En otras palabras, el AIR funciona como un “filtro” técnico que mejora la calidad de las regulaciones –evitando trámites o requisitos excesivos– y justifica su necesidad. Por ejemplo, si un municipio desea crear un nuevo reglamento de comercio, un AIR previo puede identificar si las medidas propuestas son proporcionales o si existen alternativas menos costosas para lograr el mismo objetivo. La CONAMER (ahora parte de la ATDT) asesora a los gobiernos locales en la aplicación de AIR y ha impulsado incluso la implementación de análisis de impacto ex post para evaluar normas municipales ya vigentes y verificar si cumplen su cometido o requieren ajustes.
  • Registro de Trámites y Servicios (vinculado a la Plataforma Nacional): Consiste en un catálogo público de todos los trámites, servicios y regulaciones municipales vigentes. Tener un registro actualizado permite identificar duplicidades, simplificar procesos y dar claridad a la ciudadanía sobre qué se requiere en cada trámite. La Ley General estableció la creación de una Plataforma Nacional de Mejora Regulatoria, administrada por CONAMER, que integra los registros de trámites de todos los órdenes de gobierno. En ella, los municipios deben cargar información de sus trámites y regulaciones, de modo que exista una fuente única y transparente a nivel nacional. Para un ciudadano o empresario, esta plataforma funciona como ventanilla única de información: por ejemplo, podría consultar en línea los requisitos para abrir un negocio en su municipio, en lugar de tener que averiguarlo oficina por oficina. Para el gobierno local, alimentar la Plataforma Nacional ayuda a coordinarse con la federación y el estado, detectar áreas de mejora y comparar sus avances con los de otros municipios.
  • Consejos y Unidades de Mejora Regulatoria: La mejora regulatoria no ocurre en el vacío; requiere estructura y coordinación. Por eso, la ley prevé que cada municipio tenga una Comisión o Unidad de Mejora Regulatoria encargada de impulsar estas acciones internamente. Esta unidad se encarga de elaborar la agenda regulatoria municipal, coordinar los AIR, mantener actualizado el registro de trámites municipal y fungir como enlace con las autoridades estatal y federal en la materia (anteriormente la CONAMER). Asimismo, se recomienda instaurar un Consejo Municipal de Mejora Regulatoria, que es un órgano de colaboración entre gobierno, sociedad civil y sector privado para supervisar e impulsar las iniciativas de simplificación. Estos consejos aseguran que las voces de usuarios (ciudadanos, colegios de profesionistas, cámaras empresariales) sean escuchadas al momento de reformar trámites o regulaciones, enriqueciendo el diagnóstico y las soluciones. En resumen, contar con una instancia dedicada y un espacio de coordinación intersectorial garantiza continuidad y enfoque estratégico a las acciones de mejora regulatoria en el municipio.

El Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030: simplificación y digitalización como prioridad

El Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030 (PND) del Gobierno de México ha puesto un énfasis sin precedentes en la simplificación administrativa, la digitalización de trámites y la eficiencia regulatoria como pilares de un gobierno eficaz. En su diagnóstico, el PND reconoce que si bien México ha avanzado en reducir los tiempos para abrir empresas, “persisten desafíos relacionados con la simplificación regulatoria, que es clave para detonar la competitividad y la productividad nacional”​. Muchos trámites siguen siendo engorrosos o duplicados, lo que genera costos equivalentes al 1% del PIB solo para cumplir con regulaciones empresariales en 2020​. Este panorama refuerza la urgencia de actuar en todos los niveles de gobierno para eliminar la burocracia excesiva.

Bajo esa visión, el nuevo PND incorpora estrategias transversales de Gobierno Digital e Innovación Pública. En concreto, plantea construir una identidad digital unificada (conocida como Llave MX) que permita a cualquier persona realizar trámites en línea de forma ágil, “reduciendo tiempos y costos para la sociedad mexicana”​. Esto significa que un ciudadano podría autenticar su identidad electrónicamente y acceder a múltiples servicios públicos –federales y municipales– sin trámites presenciales, simplificando enormemente su interacción con el gobierno. Paralelamente, el PND propone “un modelo nacional que modernice las operaciones gubernamentales mediante la simplificación y digitalización de trámites administrativos, [...] facilitando el acceso a derechos, promoviendo la inversión y eliminando prácticas de corrupción”​. En otras palabras, digitalizar trámites no es solo una cuestión tecnológica, sino un medio para lograr justicia y desarrollo: al agilizar permisos y servicios, se facilitan las inversiones productivas y se cierra el paso a coyotes o actos corruptos que proliferan en la burocracia enredada.

Un aspecto importante es que estas metas aplican a los tres órdenes de gobierno. El Plan no se limita a señalar lo que debe hacer la administración federal, sino que convoca a estados y municipios a sumarse a la transformación digital y simplificadora. De hecho, establece indicadores concretos de mejora, como el número de trámites clave (por ejemplo, apertura de empresas, licencias de construcción) que habrán sido simplificados en todos los niveles gubernamentales durante este sexenio. También se promueve la creación de plataformas tecnológicas compartidas: por ejemplo, una nube gubernamental que ofrezca servicios digitales a otras instancias públicas, “asegurando la interoperabilidad y eficiencia en el manejo de datos a nivel federal, estatal y municipal”​. Para los municipios, esto se traduce en oportunidades de homologar sistemas y apoyarse en infraestructura nacional –como registros, sistemas de firma digital, sellos de tiempo, etc.– en lugar de desarrollar todo desde cero. En suma, el PND 2025–2030 marca un rumbo claro: simplificar regulaciones y trámites, apoyándose en la digitalización, para tener gobiernos más cercanos, transparentes y eficientes en beneficio de la ciudadanía.

Nueva institucionalidad: la ATDT y la integración de la CONAMER

En línea con la visión del PND, el gobierno federal llevó a cabo una reingeniería institucional para acelerar la transformación digital del sector público. A partir de 2025 entró en operaciones la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), creada como una nueva Secretaría de Estado con el objetivo de unificar las capacidades tecnológicas del gobierno, generar autonomía tecnológica y lograr ahorros presupuestales​. Esta Agencia absorbe funciones que antes estaban dispersas en varias entidades. Por ejemplo, la política de telecomunicaciones que manejaba la Secretaría de Comunicaciones ahora es parte de la ATDT​. De especial relevancia para los municipios, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) pasó a ser un órgano desconcentrado sectorizado en la ATDT​. En otras palabras, la CONAMER ahora pertenece al sector coordinado por la nueva Agencia, conservando autonomía técnica pero inserta en una estructura enfocada a la innovación digital.

La integración de CONAMER dentro de la ATDT busca potenciar la mejora regulatoria mediante herramientas tecnológicas avanzadas​. Antes, la CONAMER operaba como órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía, promoviendo la política de mejora regulatoria en el país. Ahora, bajo la ATDT, mantiene su misión fundamental –“promover la mejora de las regulaciones y la simplificación de trámites y servicios, así como la transparencia en su elaboración y aplicación”​– pero con mayores capacidades para innovar en la forma de cumplirla. La Presidenta Claudia Sheinbaum subrayó al proponer la creación de la ATDT que era necesario “diseñar sistemas digitales más eficaces para agilizar y simplificar los procesos administrativos”​. Precisamente eso es lo que se espera: que la autoridad de mejora regulatoria cuente con mejores sistemas para revisar trámites y regulaciones, apoyándose en la digitalización, la automatización y el análisis de datos.

¿En qué se traducen estos cambios a nivel operativo? En primer lugar, la CONAMER (ATDT) podrá integrar sus plataformas con otras áreas digitales del gobierno. Por ejemplo, podrá conectarse con el sistema de identidad digital (Llave MX) y con bases de datos federales, estatales o municipales, de modo que los trámites regulados sean más ágiles. Un beneficio inmediato será la automatización de procesos regulatorios: muchos de los flujos de trabajo para emitir opiniones o dictámenes podrían gestionarse en línea, reduciendo tiempos y papel. De hecho, con el respaldo tecnológico de la ATDT, la CONAMER “podrá digitalizar sus procedimientos, eliminando el papeleo y permitiendo que los procesos regulatorios sean más ágiles y menos costosos”​. Un municipio que ingrese un nuevo reglamento para revisión, por ejemplo, podría hacerlo en una plataforma electrónica en lugar de enviar oficios en físico, recibiendo observaciones de manera expedita.

Asimismo, la ATDT impulsa la interoperabilidad de sistemas. Esto significa que la información que hoy recaban aisladamente distintas dependencias pueda compartirse de forma eficiente. La CONAMER, al estar en este entorno, “podrá acceder a una infraestructura que le permita compartir información en tiempo real con otras dependencias, reduciendo duplicidades y mejorando la eficiencia regulatoria”​. Pensemos en un trámite típico: la apertura de un negocio requiere permisos municipales (uso de suelo, protección civil) pero también federales (inscripción al SAT) y estatales (licencia estatal, según el giro). Si las plataformas se comunican entre sí, el emprendedor no tendrá que cargar sus datos varias veces ni presentar los mismos documentos en ventanillas diferentes; las autoridades podrán intercambiar la información necesaria. Esto no solo ahorra tiempo al usuario, sino que disminuye errores y facilita la visión integral del recorrido regulatorio.

Otro impacto positivo es en la transparencia y accesibilidad de la información. La digitalización permite que más datos estén disponibles al público en formatos abiertos. La ATDT, por su propia naturaleza, fomentará portales y aplicaciones donde el estado de los trámites y las regulaciones propuestas se pueda consultar fácilmente. Siguiendo este enfoque, “la CONAMER podrá ofrecer una plataforma accesible para que ciudadanos y empresarios conozcan en tiempo real el estado de los trámites regulatorios”, incrementando la transparencia y la confianza en la autoridad​. Por ejemplo, los habitantes de un municipio podrían verificar en línea si un nuevo reglamento está en consulta pública, en qué etapa del proceso está su elaboración o cuándo fue la última actualización de cierto trámite municipal. Esto empodera a la ciudadanía y también incentiva a las autoridades locales a cumplir con los plazos y procedimientos establecidos, pues su desempeño es visible. En suma, la fusión de la agenda digital con la agenda regulatoria busca que la mejora regulatoria sea más efectiva y perceptible: menos trámites redundantes, más trámites en línea, datos abiertos sobre la gestión regulatoria y canales de participación ciudadana digitales.

Fortaleciendo las prácticas locales de mejora regulatoria

Todas estas transformaciones –la estrategia nacional plasmada en el PND y la nueva institucionalidad con la ATDT– fortalecen las prácticas de mejor
a regulatoria municipal
 previamente descritas. Los instrumentos clásicos (agenda, AIR, registros, consejos) no desaparecen; por el contrario, se ven respaldados por un impulso político y tecnológico mayor:

  • La agenda regulatoria municipal ahora puede alinearse con objetivos nacionales de simplificación. Gracias a la Plataforma Nacional mejorada, su publicación semestral será más sencilla y de mayor alcance. Un municipio podrá cargar su agenda en línea, cumpliendo la obligación legal y a la vez haciéndola visible para cualquier ciudadano con internet. Esto contribuye al ideal de un gobierno abierto y cercano, en sintonía con la meta de un “gobierno cercano y transparente” del PND​. Además, el PND establece compromisos sectoriales (por ejemplo, simplificar trámites en construcción, salud, medio ambiente) que los municipios pueden incorporar en sus propias agendas. La coordinación vertical también se vuelve más fluida: la CONAMER-ATDT puede emitir lineamientos digitales para la elaboración de agendas, plantillas estandarizadas o calendarios unificados, facilitando la labor de los responsables municipales.
  • Los Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) contarán con más insumos de información y herramientas para su realización. En el pasado, un obstáculo para los AIR municipales era la falta de datos o capacidades técnicas para estimar efectos de una regulación. Ahora, con la interoperabilidad promovida por la ATDT, un municipio podría apoyarse en bases de datos nacionales (estadísticas, registros empresariales, catastros digitales) para nutrir su análisis. Por ejemplo, si se va a regular el comercio ambulante, podría consultarse cuántos permisos existen en la plataforma estatal o qué resultados han tenido regulaciones similares en otros municipios. Adicionalmente, la CONAMER bajo ATDT seguirá brindando asesoría técnica y capacitación en mejora regulatoria, pero incorporando el uso de nuevas metodologías digitales. Plataformas interactivas podrían guiar a los funcionarios locales paso a paso en la elaboración de un AIR, con módulos en línea y plantillas dinámicas. Incluso, el propio PND subraya la importancia de evaluar las regulaciones vigentes para mejorarlas continuamente, lo cual valida la práctica del AIR ex post. Aquellos municipios que adopten estas evaluaciones periódicas (por ejemplo, revisando cada cierto tiempo si un reglamento sigue siendo eficaz o si ha generado efectos no deseados) estarán operando conforme al principio de mejora continua que promueve la agenda nacional.
  • En materia de Registro de Trámites y Servicios, la visión de transformación digital lo convierte en algo más que un mero inventario: pasa a ser la columna vertebral de la estrategia de ventanilla única. La ATDT, a través de la CONAMER, está integrando este registro municipal al ecosistema digital nacional. En la práctica, esto significa que los trámites municipales podrán incorporarse a plataformas unificadas de atención ciudadana. Un ejemplo tangible es la implementación de la identidad digital Llave MX: si un ciudadano ingresa con su llave para realizar un trámite, el sistema podrá jalar sus datos automáticamente y mostrarle los trámites municipales disponibles (por ejemplo, solicitar una licencia de construcción o pagar el predial), todo en un mismo portal. De la misma forma, los procesos internos para gestionar esos trámites se beneficiarán de la estandarización tecnológica –por ejemplo, usando módulos de seguimiento de expedientes, pagos electrónicos integrados o notificaciones automáticas vía celular al usuario sobre el estado de su solicitud–. Para el gobierno local, apoyarse en esta plataforma nacional reduce costos de desarrollar software propio, asegura medidas de seguridad y facilita cumplir con lineamientos de protección de datos y archivo documental digital​. En resumen, el registro de trámites deja de ser un libro en el estante para convertirse en un sistema vivo, conectado y eficiente.
  • Por último, las instancias de coordinación local (unidades de mejora regulatoria y consejos municipales) se ven respaldadas políticamente por la nueva estructura. Que la CONAMER ahora forme parte de la ATDT a nivel federal envía una señal clara: la mejora regulatoria está íntimamente ligada a la modernización digital del Estado. Esto puede traducirse en mayor prioridad y apoyo para las oficinas de mejora regulatoria municipales. Por ejemplo, podrían establecerse redes de colaboración en línea entre los titulares de mejora regulatoria de distintos municipios y estados, auspiciadas por la ATDT, para intercambiar buenas prácticas y dar seguimiento al cumplimiento de metas simplificadoras. También es esperable que aumente la capacitación disponible: si el PND habla de “capacitar a los servidores públicos en tecnologías de la información, desarrollo de software y ciberseguridad, para optimizar los servicios”​, los responsables de mejora regulatoria municipal deberían ser destinatarios de parte de esa capacitación, dado que sus funciones ahora incluyen un fuerte componente digital. En cuanto a los consejos municipales, su papel de incorporar la voz ciudadana puede enriquecerse mediante herramientas en línea (foros virtuales, encuestas digitales sobre trámites prioritarios a mejorar, etc.), facilitadas por la infraestructura de la ATDT. En pocas palabras, la mejora regulatoria deja de ser un tema meramente administrativo para volverse también un frente de innovación pública, y los municipios con estructuras activas en esta materia tendrán más aliados y recursos para impulsar sus proyectos.

Conclusión: hacia municipios más eficientes y cercanos al ciudadano

La mejora regulatoria, apoyada por la simplificación administrativa y la transformación digital, se ha convertido en un componente esencial de la gestión municipal moderna. Hoy, un ayuntamiento no solo debe preguntarse “¿qué trámites puedo mejorar?” sino también “¿cómo puedo apoyarme en la tecnología y en las políticas nacionales para mejorarlos?”. El Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030 ha establecido el rumbo político: quiere un México donde los trámites sean rápidos, accesibles desde cualquier lugar y estén libres de excesos burocráticos​. Por su parte, la creación de la ATDT y la integración de la CONAMER en esta agencia proporcionan la plataforma institucional para materializar ese rumbo, dotando a la mejora regulatoria de herramientas digitales concretas y de un impulso coordinado en todo el país.

Para los municipios, esto representa una oportunidad invaluable. Con apoyo federal, pueden diagnosticar y simplificar sus regulaciones más fácilmente que antes, digitalizar ventanillas y hacer más transparente su actuación. Un municipio que adopte estas claves de mejora regulatoria –planificación mediante agenda, evaluación rigurosa con AIR, trámites en línea registrados en la plataforma nacional, y colaboración con sociedad a través de consejos–, potenciado ahora por las iniciativas del PND y la ATDT, estará en capacidad de brindar servicios de primer nivel a su población. Los beneficios se verán en la reactivación económica local (al facilitar la apertura y operación de negocios), en la satisfacción de los ciudadanos (al evitar filas y papeleo inútil) y en la calidad del gobierno (al enfocarse en regulaciones necesarias y eficientes). En suma, la modernización regulatoria ya no es una aspiración lejana, sino una tarea en marcha: las herramientas y el marco están dados para que los municipios mexicanos del siglo XXI sean sinónimo de gobiernos eficaces, innovadores y al servicio de la gente.

 

Fuentes: Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030; Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (Decreto de creación y Reglamento Interior); Ley General de Mejora Regulatoria; CONAMER (Gobierno de México); AI Regula Solutions (2024).​ 

Citas

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/981072/PND_2025-2030_v250226_14.pdf

 

Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones - Wikipedia, la enciclopedia libre

https://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_de_Transformaci%C3%B3n_Digital_y_Telecomunicaciones

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/981072/PND_2025-2030_v250226_14.pdf

 

AI Regula Solutions - Agencia Digital y CONAMER: Un Nuevo Enfoque en la Mejora Regulatoria

https://airegulasolutions.com/Post/agencia-digital-conamer-mejora-regulatoria/1267

 

AI Regula Solutions - Agencia Digital y CONAMER: Un Nuevo Enfoque en la Mejora Regulatoria

https://airegulasolutions.com/Post/agencia-digital-conamer-mejora-regulatoria/1267

 

Comisión Nacional de Mejora Regulatoria | Gobierno | gob.mx

https://www.gob.mx/conamer/que-hacemos

 

Agencia de Transformación Digital y sus proyectos 2025

https://infochannel.info/atdt_confirma_proyectos_2025_ciberseguridad_digitalizacion/

 

 

 


martes, 8 de abril de 2025

Abogados vs. Algoritmos: La IA sacude el Derecho Mexicano

Rosalino F. Guillén C.

Introducción


La inteligencia artificial (IA) ha pasado de ser tema de ciencia ficción a infiltrarse en nuestra vida cotidiana. Desde asistentes virtuales hasta ChatGPT, la IA está revolucionando industrias enteras y el mundo jurídico no es la excepción. 


En México, esta tendencia cobra fuerza: según el Índice Latinoamericano de IA 2023, el país ya es el tercer lugar en adopción de IA en la región. Esta irrupción tecnológica en el derecho mexicano plantea preguntas inquietantes. ¿Puede un algoritmo redactar un contrato mejor que un abogado? ¿Dejarías tu futuro legal en manos de una máquina? 


En las siguientes secciones exploramos cómo la IA está transformando la práctica legal, los desafíos éticos que conlleva y las oportunidades que ofrece para la justicia en México.


Transformación de la práctica legal


La práctica jurídica tradicional está experimentando una metamorfosis. Donde antes había montañas de papel y horas de lectura, hoy algoritmos incansables asisten a abogados y jueces. Estas son algunas de las formas en que la IA ya impacta la práctica legal en México:


- Automatización de documentos legales: La IA permite a los abogados automatizar tareas rutinarias como la revisión de contratos, demandas y otros documentos, ahorrando tiempo y reduciendo errores. Por ejemplo, tres emprendedores mexicanos lanzaron Ali, una plataforma que extrae datos puntuales de cientos de documentos en segundos para aliviar la carga de trabajo en los despachos. Un joven asociado ya no tiene que desvelarse buscando cláusulas ocultas: un algoritmo puede hacerlo en instantes, detectando patrones o inconsistencias que a un humano podrían escapársele.


- Análisis de datos y jurisprudencia: Las herramientas de IA pueden analizar grandes volúmenes de información legal –desde bases de datos de jurisprudencia hasta expedientes completos– identificando precedentes y patrones útiles para un caso. Esto brinda a los abogados una ventaja estratégica: imaginar una búsqueda inteligente que localiza en minutos ese fallo olvidado de la Suprema Corte que puede salvar tu argumento. De hecho, startups legales mexicanas ya ofrecen softwares que, mediante IA, aceleran auditorías, manejan lenguaje jurídico regional y hasta traducen al vuelo, todo para que el abogado tome decisiones informadas.


- Predicción de resultados judiciales: ¿Se puede predecir el veredicto de un juicio con una máquina? Suena atrevido, pero algunas IA lo están intentando. En el mundo, un algoritmo ya logró 79% de precisión al predecir resultados judiciales en un estudio controlado. En México, despachos innovadores usan IA para estimar la probabilidad de ganar un caso analizando datos históricos: quién es el juez, qué dicen los precedentes, cuál es la tendencia en casos similares. Aunque estas predicciones no son infalibles, ayudan a diseñar estrategias legales más inteligentes y hasta a decidir si vale la pena o no llevar un pleito hasta sus últimas consecuencias.


- IA en tribunales mexicanos: No solo los abogados privados aprovechan la IA; también el Poder Judicial comienza a adoptarla. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presentó recientemente Sor Juana, una herramienta de IA en fase piloto que busca acercar la justicia a la ciudadanía. ¿Su función? Facilitar la comprensión de los complejos proyectos de sentencia de la Corte: cualquier persona puede preguntarle en lenguaje sencillo "¿de qué trata este caso?" o "¿por qué es importante?", y Sor Juana responderá resumiendo la esencia del asunto. Esto es revolucionario: un ciudadano de a pie, sin formación legal, puede entender decisiones judiciales que antes eran terreno exclusivo de expertos. La SCJN aspira a una “justicia digital” más transparente y participativa, y planes como JulIA (otra plataforma de búsqueda jurídica basada en IA) van en esa dirección.


En conjunto, estas innovaciones indican que la era del abogado digital ha comenzado. Los algoritmos ya comparten la mesa con los juristas: redactan borradores, investigan jurisprudencia y hasta sugieren cómo puede fallar un juez. La pregunta deja de ser si la IA cambiará la abogacía, y pasa a ser cómo lo está haciendo y quién se adaptará más rápido a esta nueva realidad.


Desafíos éticos


Por supuesto, no todo lo que brilla es oro. La introducción de IA en el ámbito jurídico mexicano trae profundos dilemas éticos y legales que no podemos ignorar:


- Privacidad y uso de datos personales: Para que la IA funcione bien, necesita datos... muchísimos datos, a veces de carácter altamente sensible. En México, el tratamiento de datos personales está protegido por leyes como la LFPDPPP, pero la IA tensiona esos marcos. 


¿Qué pasa si un sistema analiza historiales clínicos o antecedentes penales para predecir conductas? Surgen riesgos de violar el derecho a la privacidad o el debido proceso. Los expertos advierten que cualquier regulación de IA debe garantizar la seguridad de la información personal utilizada. Sin reglas claras, podríamos enfrentar desde filtraciones de datos judiciales hasta usos indebidos como vigilancia masiva con reconocimiento facial, lo cual vulneraría derechos fundamentales en un contexto donde la protección de datos ya es un desafío.


- Sesgos algorítmicos y discriminación: Los algoritmos no son neutrales. Aprenden de datos históricos que pueden contener prejuicios humanos. En otras palabras, una IA refleja las creencias y sesgos de quienes diseñan y alimentan su sistema. Esto es peligroso en justicia: un desequilibrio en los datos puede traducirse en discriminación automatizada. Ya se han visto casos en el mundo: por ejemplo, un software estadounidense de análisis criminal (COMPAS) resultó estar sesgado contra acusados de raza negra, negándoles con más frecuencia beneficios como la libertad bajo fianza. Imaginemos un sistema así en México: ¿podría perjudicar sistemáticamente a comunidades indígenas o a sectores marginados si se entrena con datos llenos de prejuicios? En este sentido el reto es enorme para mitigar esos sesgos antes de que causen daños reales a los derechos humanos. 


- Transparencia y explicabilidad: Si vas a aceptar que un algoritmo sugiera la sentencia de tu caso, mínimo querrás saber cómo llegó a esa conclusión. Lamentablemente, muchas IA operan como “cajas negras”, con procesos internos difíciles de entender incluso para sus creadores. En el ámbito legal, esto es inaceptable. Exigir transparencia significa que los sistemas de IA usados en tribunales o despachos deben ser audibles y explicables en términos sencillos. Si un juez (o un robot) te da la razón o te la quita, tú y tu abogado deben poder cuestionar la base de esa decisión. La SCJN, por ejemplo, al implementar Sor Juana, enfrenta el reto de explicar claramente que sus respuestas no son magia ni arbitrariedad, sino que derivan de ciertos datos y reglas. Sin esa claridad, la confianza pública se quiebra: ningún ciudadano quiere un “oráculo digital” inexplicable decidiendo su destino.


- Responsabilidad legal y control humano: Aquí viene quizá la pregunta más espinosa: ¿Quién responde cuando la IA se equivoca? Si un sistema automatizado redacta mal un contrato o un chatbot legal da un consejo erróneo que cuesta una sentencia, ¿de quién es la culpa? ¿Del abogado por usar la herramienta, del desarrollador del software, del Estado por no regularlo? Hoy por hoy, en México este tema está en el limbo jurídico. Expertos señalan que toda implementación de IA debe venir acompañada de mecanismos de supervisión y rendición de cuentas. Esto implica que los jueces y abogados no pueden abdicar su responsabilidad: por más que confíen en un sistema inteligente, deben revisarlo, validarlo y estar listos para corregirlo. La imagen de un “juez robot” dictando sentencia sin supervisión es justamente lo que se debe evitar. La meta ética es utilizar la IA como apoyo, nunca como sustituto completo de la razón humana en la justicia.


En resumen, la IA en el derecho plantea tensiones éticas entre eficiencia y equidad. México se encuentra en un punto crítico: aunque todavía no hay una ley específica de IA, ya se discute en el Senado una regulación que aborde temas de privacidad, sesgos y responsabilidad. La conversación debe incluir a todos –juristas, tecnólogos y sociedad civil– para establecer fronteras claras a esta poderosa herramienta antes de que sus efectos negativos superen a los positivos.


Oportunidades


No todo es distópico en esta historia; la IA también abre enormes oportunidades para mejorar la justicia en México si se implementa con cuidado y visión. Veamos los beneficios potenciales más prometedores:


- Eficiencia y reducción del rezago judicial: Uno de los problemas crónicos de nuestro sistema judicial es la saturación de casos y la lentitud procesal. Juicios que se alargan años, expedientes empolvados en archiveros... Aquí la IA puede ser una aliada invaluable. Al automatizar tareas repetitivas (como revisar escritos o clasificar expedientes), es posible agilizar la resolución de asuntos y aligerar la carga de trabajo de juzgados atiborrados. Menos horas perdidas en trámites mecánicos significan más tiempo para que jueces y secretarios se concentren en lo que importa: impartir justicia. Un sistema judicial más expedito no solo ahorra costos, sino que también fortalece la confianza de la ciudadanía al ver resultados en tiempo razonable. En términos llanos: si la IA ayuda a que tu caso se resuelva en 3 meses en lugar de 3 años, ¡bienvenida sea!


- Acceso a la justicia en zonas marginadas: La brecha geográfica y económica en el acceso a servicios legales es enorme en México. Hay comunidades rurales o apartadas donde conseguir asesoría jurídica es casi imposible. La IA puede acercar el derecho a quienes hoy están excluidos. Por ejemplo, mediante chatbots jurídicos o aplicaciones móviles inteligentes, una persona en la sierra de Oaxaca o en las periferias de la ciudad podría obtener orientación legal básica en su idioma y en cualquier momento. Ya existen iniciativas de asistencia legal automatizada que proveen información y consejos en línea, algo especialmente útil para ciudadanos de bajos recursos o regiones alejadas donde no hay abogados a la mano. Esto democratiza la justicia: la convierte en un servicio más accesible, casi tan simple como hacer una pregunta en Google. Imaginemos también juzgados que ofrezcan kioscos digitales para llenar formularios asistidos por IA o traducir al instante términos legales complicados. La IA, bien empleada, puede tender puentes hacia la justicia para quienes históricamente han estado del otro lado de la brecha.


- Mayor transparencia y combate a la corrupción: La opacidad es terreno fértil para la corrupción. En México, lamentablemente, el sistema legal no está exento de prácticas corruptas –expedientes que “se traspapelan”, sobornos para agilizar trámites, favores bajo la mesa-. La IA puede ayudar a poner lupa sobre estas irregularidades. Al analizar enormes cantidades de datos financieros y procesales, un algoritmo bien entrenado puede detectar patrones anómalos, fraudes o comportamientos atípicos que indiquen corrupción. Por ejemplo, podría señalar si cierto juzgado extrañamente retrasa siempre los casos de un mismo tipo, o si un funcionario tiene un historial irregular en sus resoluciones. Además, automatizar ciertos procesos reduce la interacción discrecional donde podrían ocurrir sobornos. Un sistema más digital es, potencialmente, más transparente y menos susceptible a prácticas ilícitas. En pocas palabras, la IA puede ser un vigilante incorruptible que ayude a limpiar el polvo debajo de la alfombra en nuestro aparato de justicia.


- Imparcialidad y decisiones basadas en datos: Ligado a lo anterior, otra promesa de la IA es atenuar las fallas humanas en la toma de decisiones. Jueces y abogados son personas, con prejuicios conscientes o inconscientes, cansancio, presiones políticas o mediáticas. Un algoritmo no se cansa ni se deja amedrentar, y si está bien diseñado podría ofrecer análisis objetivos basados en hechos y estadísticas, no en corazonadas. Usada correctamente, la IA podría contribuir a decisiones más objetivas, reduciendo sesgos humanos de prejuicio o favoritismo. Pensemos en la consistencia: dos casos similares deberían resolverse de forma similar, y una IA que analice cientos de sentencias puede ayudar a detectar desviaciones injustificadas. Por supuesto, la imparcialidad algorítmica solo se logrará si vencemos los sesgos de los datos (como vimos en los desafíos). Pero en teoría, un sistema bien calibrado podría ser más justo que un mal juez. En un país donde la confianza en las instituciones a veces flaquea, contar con una “segunda opinión” técnica que valide que la sentencia se apega a patrones legales podría dar más legitimidad al resultado. Así, la IA ofrece la oportunidad de un sistema judicial más coherente y predecible, donde las sorpresas (y con ellas, las arbitrariedades) sean menores.


En síntesis, la IA podría ser el gran catalizador de la modernización de la justicia mexicana. Desde tribunales federales hasta juzgados locales, pasando por los despachos corporativos y las clínicas legales pro bono, su correcta adopción promete agilizar procesos, abaratar costos y extender el alcance del derecho. Una justicia más rápida, accesible, transparente y posiblemente más justa asoma en el horizonte tecnológico. Pero para que esas oportunidades se concreten, hace falta algo igual de monumental: voluntad y preparación humana.


Conclusión



La inteligencia artificial está provocando una sacudida inédita en el derecho mexicano, poniendo a temblar siglos de rutinas jurídicas. Hemos visto cómo puede transformar para bien la práctica legal y el acceso a la justicia, pero también los riesgos reales que conlleva en términos de ética, privacidad y equidad. En última instancia, la IA es una herramienta: poderosa, sí, pero una herramienta al fin. ¿Qué papel le permitiremos jugar en nuestro sistema legal? Esa es la pregunta que debemos hacernos como sociedad.


La respuesta no puede dejarse solo a tecnólogos o a legisladores en alguna sesión lejana. Nos incumbe a todos. La próxima vez que oigas que un juzgado usa IA para resolver casos, pregúntate: ¿Confío en ese proceso? ¿Exijo saber cómo funciona? Quizá ha llegado el momento de que, como ciudadanos, reclamemos transparencia sobre las decisiones asistidas por algoritmos y nos involucremos en los debates públicos acerca de su regulación. No vale mirar hacia otro lado: si la justicia del futuro se está forjando hoy con código y datos, cada uno de nosotros tiene derecho a opinar y deber de informarse. 


Al final del día, la IA en el derecho puede ser un aliado que potencie la labor de abogados y jueces, o una amenaza si se usa sin control. La diferencia radica en cómo la incorporemos. ¿Seremos usuarios pasivos de sistemas opacos, o vigilantes activos que exigen ética y rendición de cuentas? La revolución digital en la justicia mexicana ya inició. Queda en nuestras manos –y voces– decidir si esa revolución nos llevará a un sistema más justo y accesible, o si permitiremos que la tecnología avance sin brújula moral. La pluma del abogado digital está escribiendo un nuevo capítulo: ¿participaremos en su redacción, o dejaremos que otros escriban las reglas por nosotros?


FUENTES:


  1. La intersección entre la inteligencia artificial y la protección de datos personales en México
    IAPP
  2. Cómo la IA Cambia la Práctica de la Abogacía en México
    MiDespacho
  3. Lanzan startup de inteligencia artificial para abogados
    López-Dóriga Digital
  4. Así funciona Sor Juana, la inteligencia artificial de la Suprema Corte de Justicia
    El País
  5. Conoce a Sor Juana, el modelo de IA de la Suprema Corte de Justicia de México
    WIRED
  6. ¿Cómo regular el uso de la IA en México?
    UNAM Global
  7. Sesgos en la inteligencia artificial predictiva: la ruta regulatoria para México
    El Juego de la Suprema Corte
Nota. Este artículo se escribió con la ayuda de la IA mediante el modelo de lenguaje de Chat GPT.