Nueva Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos: Análisis y beneficios para la ciudadanía
Por Rosalino F. Guillén Cordero
El 16 de julio de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos (LNETB). Se trata de una nueva legislación federal que busca simplificar y digitalizar los trámites gubernamentales en todos los órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal), colocando al ciudadano en el centro de la gestión pública. A continuación, presentamos un análisis a profundidad de esta Ley, incluyendo su proceso legislativo y motivos, las principales novedades en comparación con la anterior Ley General de Mejora Regulatoria, y los ajustes que deberán hacerse en Veracruz para armonizar la legislación local con esta norma nacional. El objetivo es explicar de forma accesible qué cambia con esta Ley y qué beneficios y derechos aporta a la ciudadanía.
Antecedentes y proceso legislativo de la nueva Ley
La iniciativa de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos fue enviada al Congreso de la Unión por la Presidencia de la República en abril de 2025, tras una reciente reforma constitucional en materia de simplificación administrativa y digitalización publicada el 15 de abril de 2025. Dicha reforma modificó el artículo 25 de la Constitución para obligar a todos los órdenes de gobierno a implementar políticas de simplificación de trámites, digitalización de servicios y buenas prácticas regulatorias, y facultó al Congreso para expedir una ley nacional en la materia. Este cambio constitucional sentó las bases para la nueva Ley, marcando un compromiso nacional con la modernización administrativa.
En la exposición de motivos de la iniciativa se destacó que la modernización del aparato gubernamental es una demanda ciudadana. La Ley para Eliminar Trámites Burocráticos está concebida para eliminar duplicidades, simplificar procesos, reducir tiempos y costos administrativos, así como promover la digitalización progresiva de los servicios públicos, todo ello “en aras de mejorar la calidad del gobierno”. En la conferencia de prensa al anunciar la iniciativa, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que “el objetivo es homologar todos los trámites, disminuirlos y que la mayoría pueda ser digital”, de modo que los ciudadanos accedan más fácilmente a los servicios a los que tienen derecho. Se informó, por ejemplo, que actualmente existían más de 7 mil trámites vigentes en el país; en promedio cada persona realiza 486 trámites a lo largo de su vida, de los cuales 85% son trámites estatales o municipales. Con la nueva Ley se pretende reducir sustancialmente esta carga burocrática para personas y empresas, acelerar la inversión y combatir oportunidades de corrupción.
El proceso legislativo avanzó con rapidez. La Cámara de Diputados aprobó la minuta de la Ley el 28 de abril de 2025, introduciendo algunas reservas para atender preocupaciones relacionadas con el federalismo. En particular, diputados propusieron modificaciones para asegurar la participación de estados y municipios en la implementación de la estrategia de simplificación, evitando una centralización excesiva. Posteriormente, el Senado de la República discutió y votó la Ley el 24 de junio de 2025, con 75 votos a favor y 37 en contra. Esta votación refleja un apoyo mayoritario a la iniciativa, principalmente de la bancada oficialista, con oposición de algunos legisladores de minoría.
Durante el debate legislativo se escucharon argumentos tanto a favor como en contra, recogidos en el Diario de los Debates. Quienes apoyaban la Ley subrayaron que responde a reclamos ciudadanos de agilizar trámites a nivel local, estatal y federal, optimizando el acceso a servicios públicos. Se destacó que el nuevo marco permitirá “combatir la corrupción con un marco más accesible, equitativo... y ágil”, en palabras de la senadora Olga Sosa, y que dará a los ciudadanos una relación más transparente y de confianza con las autoridades. Por otro lado, legisladores de oposición expresaron preocupaciones en materia de protección de datos personales y brecha digital. La senadora Alejandra Barrales (MC) alertó sobre la recolección masiva de información personal por la nueva Agencia Digital, en un contexto donde los datos son muy sensibles. Otro opositor, Néstor Camarillo (PRI), señaló que “no existe garantía real de privacidad, ni mecanismos de protección, [y] tampoco se ha considerado a los millones de mexicanos que viven en zonas rurales sin internet”. Incluso hubo quien apodó la iniciativa como el “Big Brother de los datos de todos los mexicanos”, criticando que con la eliminación del antiguo Consejo y Observatorio de Mejora Regulatoria se perderían mecanismos de rendición de cuentas. A pesar de estas objeciones, la mayoría en el Senado respaldó la reforma, considerando que los beneficios en transparencia y eficiencia superarían esos riesgos (además, como veremos, la Ley incorpora disposiciones de seguridad y protección de datos para mitigar estas preocupaciones).
Finalmente, tras su aprobación, la Ley fue remitida al Poder Ejecutivo y publicada en el Diario Oficial el 16 de julio de 2025. Entró en vigor al día siguiente, el 17 de julio de 2025. Cabe destacar que el Artículo Segundo Transitorio de la LNETB abroga la Ley General de Mejora Regulatoria vigente desde 2018, así como “todas las leyes locales que deriven de dicha ley". Es decir, la anterior normativa de mejora regulatoria queda sustituida por este nuevo ordenamiento nacional. Asimismo, se extingue el órgano desconcentrado denominado Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), que hasta entonces era la autoridad federal en la materia. En resumen, México pasa de un esquema de ley general (que requería leyes estatales) a un esquema de ley nacional unificada, sustentado por la reciente reforma constitucional, con el fin de impulsar una transformación digital profunda en la administración pública.
Novedades principales de la Ley para estados, municipios y ciudadanía (comparativa con la Ley General de Mejora Regulatoria)
Alcance verdaderamente nacional: A diferencia de la ley general previa (que establecía lineamientos para que cada estado legislara en mejora regulatoria), la LNETB es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional y para todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Deben cumplirla las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal, los poderes Legislativo y Judicial (federales y locales), los organismos autónomos y cualquier entidad gubernamental que brinde trámites o servicios. Esto asegura una homologación de criterios a nivel nacional: sin importar si un trámite proviene de una autoridad municipal, estatal o federal, deberá sujetarse a los principios y herramientas comunes de esta Ley. Antes, con la Ley General, existían variaciones en la implementación local; ahora se busca uniformidad y estándares compartidos en todo México.
Enfoque en la simplificación y eliminación de trámites: La meta explícita de la LNETB es reducir al menos 50% el número de trámites, requisitos y tiempos de atención para ciudadanos y empresas. De hecho, para el ámbito subnacional se plantea un esfuerzo más radical: consolidar alrededor de 300 trámites únicos a nivel estatal y 100 trámites únicos a nivel municipal. Esto implica eliminar trámites innecesarios o duplicados, fusionar procesos similares y estandarizar formatos y requerimientos en los gobiernos locales. La Ley representa un giro práctico: mientras la antigua normativa de mejora regulatoria se centraba en revisar regulaciones y analizar su impacto, la nueva pone énfasis en resultados tangibles para el usuario: menos papeleo, menos vueltas y menos esperas para lograr un permiso, licencia, registro o cualquier servicio público.
Integración de la agenda de gobierno digital: Una de las novedades más destacadas es que la Ley combina la mejora regulatoria con el gobierno electrónico, dos campos antes separados. Ahora no solo se trata de simplificar qué trámites se piden, sino cómo se ofrecen. La LNETB habilita un Modelo Nacional de Digitalización para que la mayoría de los trámites se realicen en línea. Se aspira a que al menos el 80% de los trámites estén disponibles en línea, lo cual transformaría la experiencia ciudadana: muchos trámites podrán hacerse sin salir de casa, desde una computadora o celular, evitando filas y traslados. En el pasado, la digitalización avanzó de forma dispareja; ahora será política de Estado integrarla en todos los servicios.
Herramientas digitales al servicio del ciudadano: La Ley crea instrumentos concretos para materializar esta transformación digital en todo el país. Entre los más importantes están:
Portal Ciudadano Único de Trámites y Servicios: Será una plataforma nacional centralizada donde estarán registrados todos los trámites y servicios de los tres órdenes de gobierno. Los ciudadanos podrán consultar en un solo sitio qué trámites existen, sus requisitos, costos, tiempos y realizar solicitudes en línea. Ninguna autoridad podrá exigir requisitos o condiciones que no estén publicados en este portal, lo que garantiza transparencia y certeza jurídica: se acabará el “laberinto” de información dispersa y sorpresivas exigencias fuera de norma.
Llave MX: Es el nuevo mecanismo nacional de autenticación e identificación digital de las personas, asociado a la CURP de cada ciudadano. Funciona como una única cuenta de acceso (similar a la exitosa plataforma “Llave CDMX” usada en la Ciudad de México) para ingresar a servicios electrónicos gubernamentales de cualquier dependencia. Con Llave MX, un ciudadano podrá iniciar sesión y acceder a múltiples trámites en distintos órdenes de gobierno, sin tener que crear cuentas distintas para cada portal. Esta herramienta facilita la identificación segura en línea y reemplaza procesos engorrosos de verificación presencial.
Expediente Digital Ciudadano: Consiste en el conjunto de documentos digitales de una persona que las autoridades podrán consultar para resolver trámites. En otras palabras, será una carpeta electrónica personal (almacenada con seguridad) que contendrá documentos oficiales del ciudadano (por ejemplo, acta de nacimiento, identificaciones, comprobantes, títulos, etc.), de modo que ya no tendrá que presentar físicamente copias de los mismos una y otra vez ante cada oficina. Las entidades públicas accederán a esos documentos con autorización del interesado para atender los trámites, eliminando cargas repetitivas. Importante: la Ley prevé que el Expediente Digital cuente con estándares de seguridad, trazabilidad y confidencialidad, respetando la normativa de protección de datos personales. El uso de los documentos requerirá el consentimiento previo del titular y se sujetará a las leyes de datos personales, atendiendo así las preocupaciones de privacidad.
Modelos nacionales y repositorios tecnológicos: Además del portal, la Ley contempla un Repositorio Nacional de Tecnología Pública y la adopción generalizada de soluciones digitales probadas. Por ejemplo, promueve la expansión de la plataforma “Llave” antes mencionada y de sistemas de atención ciudadana a nivel nacional. También introduce figuras como la Agenda de Simplificación y Digitalización (planeación de acciones para reducir costos burocráticos) y Agenda Regulatoria (programar y transparentar la emisión de nuevas regulaciones). Mantiene herramientas clásicas de mejora regulatoria como el Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) ex ante para nuevas normas, y añade la posibilidad de AIR ex post para evaluar regulaciones vigentes, asegurando que la calidad normativa siga siendo un objetivo. Asimismo, crea un Registro Nacional de Regulaciones donde se inscribirán todas las regulaciones vigentes del país, reforzando la transparencia y evitando duplicidades normativas.
Principios rectores pro-ciudadano: La LNETB establece principios que deben guiar la actuación de las autoridades al ofrecer trámites y servicios, reforzando un enfoque ciudadano. Algunos de los más relevantes son:
Confianza ciudadana: la relación entre autoridad y particulares se basará en la buena fe del ciudadano. Esto supone que se confiará en la información que aporta y no se le impondrán cargas adicionales sin justificación, fomentando una cultura de respeto mutuo.
Armonización regulatoria: no debe haber contradicciones ni duplicidades entre regulaciones, trámites y servicios, sin importar el orden de gobierno. Esto impulsa la coordinación intergubernamental para que un mismo trámite tenga requisitos equivalentes en todo el país y se reconozcan mutuamente documentos entre dependencias.
Utilidad social: la labor de las autoridades se centrará en facilitar a las personas el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, eliminando barreras y obstáculos innecesarios. En esencia, se prioriza el servicio al público sobre la burocracia interna.
Publicidad y transparencia: toda la información de trámites y servicios debe ser clara, accesible y pública. Con el portal único, cualquier ciudadano podrá conocer qué pide exactamente cada trámite, evitando discrecionalidad oculta.
Gratuidad en la atención: la orientación y recepción de trámites debe ser completamente gratuita. Ninguna oficina puede cobrar por ayudar a llenar un formulario o por brindar informes. Esto protege al usuario de costos indebidos y desalienta la corrupción (pagos “extraoficiales” por agilizar atenciones).
Ciberseguridad: ante el avance tecnológico, la Ley enfatiza la adopción de los protocolos de seguridad robustos para proteger los sistemas y comunicaciones. Los datos de los ciudadanos deberán resguardarse frente a riesgos de ciberataques, dando confianza en las plataformas digitales.
En conjunto, estos principios y herramientas representan un cambio de paradigma respecto a la anterior Ley General de Mejora Regulatoria. Aquella se enfocaba en procesos internos gubernamentales (por ejemplo, revisar regulaciones, integrar consejos consultivos, etc.), mientras que la nueva Ley nacional adopta una perspectiva más amplia y práctica: combina la mejora de regulaciones con la transformación digital y se orienta directamente a resultados que el ciudadano común percibirá en su vida diaria. El trasfondo sigue siendo mejorar la calidad normativa y administrativa (una agenda impulsada por décadas para reducir costos gubernamentales y facilitar negocios), pero ahora con la dimensión digital como protagonista y con metas claras de simplificación que impactan trámites locales, donde está el 85% de la carga burocrática actual.
Otro aspecto novedoso es la reorganización institucional. Con la LNETB, desaparece la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) y en su lugar la ley designa a otra Autoridad Nacional de Simplificación y Digitalización, que será la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT). Esta Agencia se convierte en la encargada de supervisar e implementar el nuevo modelo en todo el país, desarrollando y coordinando los modelos nacionales de trámites y digitalización. La ATDT concentrará facultades que antes estaban dispersas: por un lado, las de mejora regulatoria (antes en CONAMER, enfocada a calidad normativa) y por otro las de gobierno digital (antes sin una ley específica, gestionadas vía estrategias tecnológicas). Al unificar en una sola entidad la autoridad sobre ambas materias, se busca dar coherencia y poder ejecutivo a la transformación burocrática. No obstante, como mencionamos, surgieron inquietudes sobre federalismo: ¿no se estará centralizando demasiado? En la versión final, gracias a modificaciones en el dictamen, se prevé que los estados y municipios participen como colaboradores de esta política, a través de autoridades locales y mecanismos de coordinación. Veamos este punto aplicado al caso de Veracruz.
Implicaciones para Veracruz y adecuaciones necesarias en la legislación local
Para que los beneficios de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos lleguen a Veracruz y sus municipios, será necesario realizar ciertos ajustes normativos locales. Dado que la nueva Ley abroga la Ley General de Mejora Regulatoria de 2018 y, con ello, las leyes estatales derivadas de ésta, Veracruz deberá armonizar su marco jurídico con la legislación nacional. En particular, identificamos las siguientes acciones y cambios clave:
Derogación o reforma de la Ley estatal de Mejora Regulatoria: Veracruz cuenta desde 2019 con la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Veracruz (Publicada en Gaceta Oficial el 12 de agosto de 2019), la cual fue creada para dar cumplimiento a la Ley General de 2018. Dicha ley local estableció, entre otras cosas, la creación de la Comisión Veracruzana de Mejora Regulatoria (como órgano desconcentrado en la administración estatal, adscrito a la Secretaría de Desarrollo Económico) y lineamientos para que los ayuntamientos implementaran políticas de mejora regulatoria. Ahora, con la entrada en vigor de la LNETB, esta ley local queda obsoleta y en gran medida sin materia, puesto que el nuevo ordenamiento nacional cubre los aspectos fundamentales. El Congreso del Estado de Veracruz deberá evaluar si deroga por completo la ley 2019 (lo más probable, al haberse abrogado su ley marco federal) o si emite una nueva ley estatal de Simplificación y Digitalización Administrativa que complemente a la nacional en aspectos operativos locales. Es posible que la ruta sea una derogación plena, acompañada de disposiciones transitorias para transferir funciones al nuevo esquema.**Designación de la Autoridad Local de Simplificación y Digitalización: La Ley nacional prevé que en cada entidad federativa, el Poder Ejecutivo estatal contará con una Autoridad Local de Simplificación y Digitalización, encargada de coordinar la implementación de la LNETB en su ámbito. Esta autoridad local deberá ser “transversal para toda la Administración Pública” de Veracruz, actuando por acuerdo directo del Gobernador, y ejercerá las atribuciones que la Ley nacional le confiere, además de las que se establezcan en la normatividad local aplicable. En términos prácticos, Veracruz deberá nombrar o crear una instancia para este rol. Podría ser que la actual Comisión Veracruzana de Mejora Regulatoria se transforme en dicha autoridad local, ampliando su mandato para abarcar también la digitalización de trámites. O bien, el Gobierno estatal podría asignar esta función a alguna Secretaría (por ejemplo, la Secretaría de Finanzas o de Desarrollo Económico, según decida) o a una nueva unidad de innovación digital. Lo importante es que exista un ente responsable de impulsar en Veracruz las acciones de simplificación (reducción de trámites estatales, revisión de regulaciones locales, eliminación de requisitos redundantes en dependencias estatales) y de coordinación con la Agencia Nacional. Este nombramiento seguramente requerirá una reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz para crear formalmente la figura de la autoridad local en la estructura gubernamental o redefinir atribuciones de algún organismo existente.
Adecuación de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Veracruz: En Veracruz, la Ley Orgánica del Municipio Libre establece actualmente obligaciones de mejora regulatoria municipal (por ejemplo, muchos ayuntamientos tenían que conformar consejos o nombrar responsables de mejora regulatoria, según mandaban la ley estatal y la orgánica municipal).
Con la LNETB, los municipios también deberán sumarse al nuevo modelo nacional. La Ley nacional indica que cada poder ejecutivo municipal (es decir, cada Ayuntamiento a través de su presidente municipal) contará con una Autoridad Local de Simplificación y Digitalización municipal, análoga a la estatal, que será transversal a las dependencias del Ayuntamiento. Además, cada sujeto obligado (léase cada entidad municipal que realiza trámites) deberá tener un Enlace de Simplificación y Digitalización – un funcionario de nivel directivo – encargado de coordinar el cumplimiento de la Ley dentro de su dependencia. Para ajustarse a esto, la Ley Orgánica municipal de Veracruz probablemente deba ser modificada para: (a) sustituir los conceptos de “mejora regulatoria” por simplificación administrativa y digitalización, (b) establecer la figura del enlace o unidad municipal de simplificación en cada Ayuntamiento, y (c) derogar la necesidad de consejos municipales de mejora regulatoria si estuvieran previstos (la nueva ley ya no menciona consejos consultivos ciudadanos obligatorios, a diferencia de la anterior que fomentaba observatorios; la participación ciudadana ahora se da vía transparencia de la información). En resumen, los Ayuntamientos deberán reorganizar su normativa interna (reglamentos municipales) para alinearse con la LNETB, pero sobre todo deberán invertir en la digitalización de sus trámites locales (licencias, permisos de construcción, registros civiles, etc.) y en la capacitación de personal, para cumplir las metas de trámites en línea y reducción de tiempos que exige la ley.
Recursos y coordinación tecnológica: Tanto el gobierno estatal como los municipales en Veracruz tendrán el desafío de asignar recursos para modernizar sus sistemas y conectarse a las plataformas nacionales. La reforma constitucional dejó en claro que implementar estas políticas implicará destinar presupuesto y modificar procesos administrativos en todos los niveles. Veracruz deberá asegurar que su infraestructura tecnológica pueda integrarse al Portal Ciudadano Único y utilizar herramientas como la Llave MX y el Expediente Digital Ciudadano. También, la extinta CONAMER a nivel nacional solía brindar asistencia técnica; ahora esa función recae en la Agencia de Transformación Digital, con la cual Veracruz tendrá que coordinarse estrechamente para, por ejemplo, subir sus trámites al portal nacional, inscribir sus regulaciones en el Registro Nacional de Regulaciones, y adoptar los criterios homologados. Es probable que se firme algún convenio de colaboración entre la Federación (ATDT) y el Estado para detallar la implementación local.
En cuanto a la Comisión Veracruzana de Mejora Regulatoria y otros órganos locales existentes: con la nueva Ley, la tendencia es a simplificar la institucionalidad. Posiblemente la Comisión (y su consejo estatal correspondiente) se reconfiguren en una instancia más ágil o simplemente queden sin efecto formal al derogarse la ley que les dio origen. Sin embargo, la experiencia y el personal de dichas instancias son valiosos para emprender las tareas de simplificación, por lo que seguramente serán aprovechados dentro de la nueva estructura (por ejemplo, integrándolos en la Secretaría de Gobierno o de Desarrollo Económico como área de mejora administrativa). La desaparición de consejos y observatorios formales no significa que no haya participación: la ciudadanía podrá monitorear la mejora en trámites a través de la información abierta del Portal y denunciar incumplimientos. Además, la LNETB mantiene la figura de instancias de coordinación: tanto poderes legislativo, judicial y organismos autónomos en Veracruz deberán designar áreas o personas encargadas de enlazar con la autoridad nacional o estatal en esta materia, de modo que toda la administración pública local esté sincronizada en el esfuerzo antiburocracia.
En conclusión, Veracruz enfrenta un periodo de transición normativa: el Congreso estatal deberá derogar y reformar leyes (la de mejora regulatoria, y ajustes a las orgánicas del Ejecutivo y de Municipios) para eliminar disposiciones contrarias a la nueva Ley nacional e incorporar las nuevas responsabilidades. Este proceso jurídico-administrativo es necesario para que no haya conflictos de leyes y para otorgar certeza a las autoridades locales sobre su papel en la implementación. No obstante, desde el momento en que la LNETB entró en vigor, sus mandatos son aplicables directamente: por ejemplo, un ciudadano veracruzano ya podría invocar ante una autoridad local los principios de la Ley nacional (como el de no pedir documentos no publicados en el portal, o exigir gratuidad en la orientación). Por ello, es fundamental que los funcionarios locales conozcan la nueva normativa y la apliquen incluso antes de que se formalicen todas las reformas locales.
Conclusiones: beneficios para los ciudadanos y perspectiva a futuro
La Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos representa un hito en la búsqueda de una administración pública más eficiente, transparente, moderna e incluyente. Para la ciudadanía, especialmente en estados como Veracruz, esta Ley promete beneficios tangibles en su vida cotidiana:
Realizar trámites oficiales será más sencillo y rápido, con menos requisitos y vueltas y la posibilidad de hacer muchos desde casa vía Internet.
Se reducirá el gasto de tiempo y dinero asociado a cumplir con papeleos gubernamentales (menos traslados, menos fotocopias, menos gestores), lo que aumenta la calidad de vida.
La interacción con las autoridades será más transparente: el ciudadano sabrá de antemano qué necesita, cuánto tarda y cuánto cuesta cada trámite, eliminando espacios para la arbitrariedad o el “coyoteo”.
Al eliminar procesos duplicados y minimizar el contacto presencial, se cierran puertas a la corrupción, pues habrá menos oportunidad de que algún servidor público solicite pagos indebidos o favores a cambio de agilizar un trámite. La digitalización deja trazas auditables de cada paso, inhibiendo prácticas corruptas.
Se mejora la calidad de la atención: con menos carga burocrática, las oficinas pueden enfocarse en resolver eficazmente las solicitudes. Además, la existencia de un Sistema Nacional de Atención Ciudadana (previsto para dudas sobre trámites) asegurará que el usuario siempre tenga acompañamiento oportuno.
Para el ámbito productivo, la simplificación impulsará la actividad económica: invertir o abrir un negocio demandará la mitad de trámites y tiempo que antes, lo cual incentiva la inversión local y la generación de empleos.
Por supuesto, estos beneficios no aparecerán de la noche a la mañana. La implementación plena de la Ley requerirá un esfuerzo coordinado de todos los órdenes de gobierno, actualizaciones tecnológicas y un cambio cultural tanto en funcionarios como en ciudadanos (aprender a usar las nuevas herramientas digitales, confiar en ellas y abandonar el papeleo tradicional). Veracruz, al igual que otras entidades, deberá actualizar su normativa y capacitar a sus servidores públicos para alinearse con el nuevo modelo. En el camino, surgirán desafíos como llevar Internet a comunidades que carecen del servicio, garantizar la seguridad de los datos personales y asegurar que nadie se quede atrás en la transición digital (por ejemplo, ofreciendo alternativas asistidas para personas no familiarizadas con la tecnología).
No obstante, el objetivo de fondo de la Ley es claro y loable: colocar al ciudadano en el centro de la gestión pública, simplificando su interacción con el gobierno. Como indicó la exposición de motivos, se trata de modernizar el Estado para servir mejor a la gente, contribuyendo al desarrollo y bienestar social. Si se logra implementar con éxito, la Nueva Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos significará un gobierno más cercano, ágil y transparente para todos los mexicanos. En palabras sencillas, menos trámites burocráticos implican más tiempo y energías que las personas podrán dedicar a sus proyectos de vida, en lugar de perderlos en oficinas gubernamentales. Esa es la transformación que esta norma pretende impulsar, y depende de todos – autoridades y ciudadanía – hacerla realidad.
Fuentes de información consultadas:
Cámara de Diputados (2025). Decreto por el que se expide la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos. Diario Oficial de la Federación, 16 de julio de 2025. Recuperado de DOF.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Última reforma publicada DOF 15-04-2025, art. 25 y 73.
Indetec (M. Navarro F., 2025). Nueva Ley Nacional para la Eliminación de Trámites Burocráticos. Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas. indetec.gob.mx
Justia México (2025, 22 julio). Entra en vigor la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos: ¿De qué trata esta Ley? Blog de Justia México. mexico.justia.com
La Jornada (E. Olivares & A. Urrutia, 2025, 21 abril). Enviará Gobierno Federal iniciativa para Eliminar Trámites Burocráticos y Corrupción. La Jornada, sección Política. jornada.com.mx
Infobae (J. Viedma, 2025, 24 junio). Senadores aprobaron eliminar trámites burocráticos: en esto consiste la nueva ley. Infobae México. infobae.com
- La Crónica de Hoy (C. Matute González, 2025, 3 mayo). De lo Federal, a lo general y a lo nacional: la mejora regulatoria. Opinión, La Crónica. cronica.com.mx
- Videoteca
[Video de Integrante del PAN]
[Video de Integrante del PT]
[Video del Presidente de la Comisión de Transparencia -PT- Presentación del Dictamen]
**Este artículo se ha realizado con la ayuda de IA para la búsqueda de Fuentes de información. Directriz Legal realizó un proyecto de investigación para creación de este artículo.
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