Confabulando

El siguiente artículo es producto de un ensayo en la maestría en administración pública por el Instituto de Administración Pública de Veracruz, mismo que fue publicado en el Periódico Local "Gráfico de Xalapa".

Confabulando

Reforma del Estado:
¿Por qué? o ¿para qué?

Rosalino F. Guillén Cordero

Los grandes cambios y desafíos que se presentan en el mundo como el asunto del calentamiento global, el narcotráfico, la migración, el crimen organizado internacional, entre otros temas trascendentales, tanto mundiales como internos, han ido cambiando el concepto tradicional del Estado-Nación, lo que nos ha llevado a la idea de reformarlo para adecuarnos a estas grandes transformaciones.
Actualmente nuestros legisladores del Congreso de la Unión han iniciado un proceso de reformas al Estado, y entre las que se han producido está la de la reforma constitucional en materia electoral y otra en materia de Justicia, estando próxima a discutirse la reforma energética.
La primera, aunque es producto de los acuerdos entre las fuerzas políticas nacionales, realmente responde a las fracturas que se vieron en las pasadas elecciones del 2006, principalmente por la vía del gasto en campañas y la intervención de organizaciones privadas en la contratación de espacios en los medios electrónicos para hacer campañas sucias a los adversarios.
Sin embargo, es importante partir de las interrogantes: ¿Por qué reformar el Estado? o ¿Para qué reformar el Estado? Siendo éstas las dos preguntas claves en el proceso de transformación de las estructuras, instituciones y sistemas que componen al Estado.
La primera interrogante nos remite a la parte de los motivos jurídicos, morales y éticos en vista de los cuales el Estado puede obligar a los hombres a someterse a sus mandatos, siendo justificado de acuerdo a la aplicación y efectividad de los principios éticos del derecho.
Si el Estado es lo que debe ser, -a decir de María de la Luz González, (Valores del Estado en el Pensamiento Político, McGraw-Hill, México, 1997)- entonces justifica su existencia, porque no es suficiente lo fáctico del poder, ni la fuerza, ni la coacción para justificarlo.
Este enfoque -¿el por qué?- nos remite a los valores –axiología- del Estado: ¿cuáles son esos valores que deben ser inherentes al Estado? Existen innumerables teorías o corrientes que a lo largo de la historia han explicado, desde su enfoque, los principios sobre los cuales se debe desarrollar el Estado.
Las teorías teológico-religiosas (todo poder proviene de Dios), de la fuerza o necesidad de orden físico-material (dominio del fuerte sobre el débil), teorías éticas (el bien supremo del hombre es la felicidad), teoría contractualista (el estado de naturaleza), son algunas que se han ocupado en justificar la existencia del Estado.
En el mundo contemporáneo occidental, específicamente en los años de la posguerra, han surgido nuevos planteamientos sobre los valores del Estado, siendo la dignidad humana la piedra angular de la teoría de los Derechos Humanos, es decir, a mediados del siglo XX se retomaron con mayor fuerza estos derechos, constituyendo con ello el Estado Democrático Liberal, cuyo eje principal es el reconocimiento de estos derechos, unos individuales (primera generación; derechos políticos y civiles) y otros colectivos (segunda y tercera generación; derechos económicos, sociales y culturales; así como los derechos de solidaridad o minorías).
Con la caída del Muro de Berlín y el final de la Guerra Fría, el liberalismo económico y político, como "idea" de Occidente, finalmente se impuso en el mundo [Fukuyama, Fin de la Historia, 1988], evidenciándose en el colapso y agotamiento de ideologías alternativas.
Al surgir el neoliberalismo como una ideología imperante en el mundo, nuestro país no se pudo sustraer a esta nueva versión del “capitalismo salvaje”, rezagándose importantes temas políticos, económicos y sociales en la agenda pública.
Entonces, la reforma del Estado mexicano ¿es realmente un asunto ideológico? ¿Deberíamos de ponernos de acuerdo, primero, qué tipo de Estado queremos? Parece ser que la disyuntiva que nos tiene divididos son dos ideas:
Una, la continuidad de un Estado alineado a las políticas que dictan los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, cuyos costos sociales se traslucen en la cotidianidad del México no empresarial y del sur del país sobretodo.
Dos, un Estado democrático liberal con instituciones fuertes orientado al aspecto social, impulsor de la participación ciudadana a través de Partidos Políticos serios. ¿Por dónde empezar?
Tal parece que el círculo podría cerrarse con la segunda pregunta, misma que refiere a la determinación de los fines del Estado, o sea, resolución de la pregunta: ¿Para qué reformar el Estado? Consiste en determinar cuál es la meta que ha de alcanzar el Estado, es decir, hacia qué dirige su actividad.
Ignacio Burgoa afirmó que la finalidad del Estado: “(…) son los múltiples y variables fines específicos que son susceptibles de sustantivarse concretamente, pero que se manifiestan en cualesquiera de las siguientes tendencias generales o en su conjugación sintética: el bienestar de la nación, la solidaridad social, la seguridad pública, la protección de los intereses individuales y colectivos, la elevación económica, cultural y social de la población (…)”.
En conclusión podemos afirmar que la finalidad del Estado es la realización de los más altos valores de la convivencia social humana, que una sociedad estima conveniente alcanzar en un momento histórico y concretamente determinado.
Por eso, indudablemente, una reforma del Estado debe partir de la visión resolutiva a estas dos preguntas operacionales: ¿por qué? y ¿para qué? De otra manera es continuar transitando de riesgo en riesgo, costo en costo y los resultados podrían ser fatídicos en economías y sociedades tan cambiantes.

IAP-Veracruz.rguillencordero@yahoo.com.mx